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El escándalo del ciclismo muestra que la futura Agencia Antidopaje debe ser más ambiciosa
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De vez en cuando, la opinión pública se ve sorprendida por escándalos que le recuerdan que el dopaje es un problema de magnitud considerable. La reciente redada de la Guardia Civil revela tramas inimaginables para los amantes del verdadero deporte. Sin embargo, no es tan sorprendente el hallazgo actual cuando comparamos la aparente situación de calma relativa de nuestro país en los últimos años con las turbulencias de países de nuestro entorno como Francia e Italia. Muchos, dentro y fuera de España, se preguntaban qué hacía a España diferente de nuestros vecinos.
Posiblemente parte de la respuesta está en la actitud decidida de los más altos responsables del deporte. Todavía recuerdo con detalle, en contraposición, una cierta condescendencia de los dirigentes deportivos en los momentos posteriores al dopaje de Johan Mühlegg en los Juegos Olímpicos de Salt Lake City. Mi actitud crítica con dicha posición me originó más de un disgusto en su momento.
Ahora el deporte español está a las puertas de un debate parlamentario sobre la nueva ley del dopaje y la salud del deportista, que representa un paso decidido en la lucha contra esa práctica. El proyecto de ley incluye la creación de la Agencia Española Antidopaje, que debe garantizar transparencia y eficacia con independencia de la voluntad política coyuntural. También incluye modificaciones del Código Penal para poder castigar a los incitadores del dopaje en el entorno del deportista. Con todo, la lectura del proyecto sugiere que en algunos aspectos puede todavía irse más allá. Yo no soy parlamentario y por ello no puedo defender enmiendas en el Congreso, pero sí puedo sugerirlas aquí para quien pueda hacerlo. En este sentido, hay tres aspectos que creo que deberían mejorarse en el trámite parlamentario.
La Agencia Española Antidopaje debería asumir funciones de tramitación de expedientes sancionadores y de autorización de uso por razones terapéuticas de sustancias prohibidas. El proyecto mantiene estas capacidades en manos de las federaciones. No hay que olvidar que uno de los aspectos que más desprestigia la lucha contra el dopaje es la falta de homogeneidad entre distintos deportes. La unificación de responsabilidades ofrecería también ventaja sustancial en la interpretación de los resultados. Tanto el COI como las principales federaciones internacionales tienen comités de expertos que evalúan los resultados de los laboratorios antes de indicar si debe considerarse un resultado adverso y en qué apartado técnico específico vulnera la legislación antidopaje, y si se cumplen los requisitos de calidad en la documentación y custodia de la muestra. La gestión de todos los resultados por parte del organismo permitiría asegurar que todos los casos se evalúan con los mismos criterios de equidad independientemente del deporte afectado. Es difícil imaginar el mismo nivel de experiencia entre todas las federaciones nacionales si el tema queda individualmente en sus manos.
OTRO ASPECTO que debe incluir la nueva ley, no recogido en el articulado actual, es la garantía del Estado de que los dos laboratorios antidopaje acreditados en España puedan dotarse del utillaje, medios y personal óptimos para desarrollar impecablemente su labor. Este apoyo financiero debe ser mencionado específicamente en la ley, de manera que nuestro país se mantenga entre los primeros del mundo en capacidad antidopaje, aprovechando el prestigio que ambos centros tienen ya a nivel internacional. La concesión a España de la organización de la próxima Conferencia Mundial del Dopaje 2007 es, en parte, reflejo de este reconocimiento.
Un tercer aspecto en el cual la ley podría ser más ambiciosa se refiere al nuevo artículo del Código Penal. La propuesta actual cubre a aquellos incitadores de dopaje en deportistas que participen en competiciones organizadas por federaciones. La incitación a deportistas federados no competitivos o a deportistas recreacionales no federados no queda, por tanto, cubierta, a pesar del riesgo de que se dé esa práctica ilegal en algunos gimnasios o centros de fitness desaprensivos.
VOLVIENDO A las diligencias del escándalo actual, estas ponen de manifiesto que el deportista no es casi nunca el único culpable. El dopaje moderno no se explica sin un entorno organizado que incita y provee al deportista de los medios ilegales necesarios, a menudo complejos. A raíz de los datos que se van conociendo, hay quien culpa al ciclismo mucho más que a los otros deportes. Es cierto que al ser un deporte individual y de gran resistencia, el rendimiento del ciclista puede beneficiarse de manera importante del dopaje, pero los laboratorios antidopaje estamos acostumbrados a detectar casos positivos en muchos otros deportes pese a que en la mayoría de los casos no se desarrolle un programa de control tan exhaustivo. Estigmatizar un deporte específico no es apropiado.
Pero tampoco hay que ser ingenuos. No hay que esperar erradicar definitivamente el problema ni en España ni en el mundo. La golosina que, en los planos mediático, económico y social, representa ser ganador de competiciones importantes seguirá estimulando la tentación de acudir a prácticas ilegales. Sin embargo, sí parece posible controlar la situación dentro de límites que permitan mantener la fe en el deporte de modo que siga siendo una de las actividades recreativas más atrayentes de nuestro tiempo. Los aficionados debemos empezar a acostumbrarnos a no esperar récords estratosféricos tan a menudo, pero sí a disfrutar con un deporte más justo y
equilibrado.
28/5/2006, El Periódico
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